No hay discusión sobre la lengua que no sea política. Lo son las posiciones que se centran en la norma aunque aspiren a una objetividad trascendente y a una historia que las legitime. Lo son las que deciden irrumpir y tajear esas herencias. Aceptar los dictados de una academia llamada real y cuya sede principal está en la vieja metrópoli colonial no parece una decisión menos deudora de una racionalidad política que el reclamo de los movimientos sociales acerca de que el castellano acoja un modo no binarizante de nombrarnos.